La decisión repuso el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual Javier Milei había derogado la Ley de Tierras. Argumentaron “falta de legitimación”.
La Corte Suprema de la Nación repuso el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno encabezado por Javier Milei había derogado la Ley de Tierras. La resolución judicial deja sin efecto la restricción vigente alegando que no se configuró una “causa” y habilita de forma inmediata la liberación del mercado de tierras rurales en todo el territorio nacional, abriendo la puerta a su extranjerización.
La norma regulatoria se mantenía vigente gracias a una medida de la Cámara Federal de La Plata, que previamente había declarado la inconstitucionalidad del tramo del decreto referido a la propiedad de la tierra. Ante el freno judicial impuesto por el tribunal provincial, el Poder Ejecutivo había intentado avanzar de manera alternativa con el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que no prosperó en el ámbito legislativo.
Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz no centraron su fallo en la inconstitucionalidad o no del mega DNU de Federico Sturzenegger y, en cambio, hicieron caer el fallo que lo detenía con el argumento de que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) que promovió la acción de amparo colectiva que solicitaba la inconstitucionalidad del artículo no tenía legitimación para impulsar la causa.
En un fallo de apenas ocho páginas, la Corte dio luz verde a un proyecto oficialista impulsado en 2023. “Si cualquier tribunal nacional interviniese en asuntos que no configuran un ‘caso’ o ‘controversia’ en los términos señalados, se transgrediría el severo límite al Poder Judicial que surge del artículo 116 de la Constitución y que es propio del esquema de división de poderes que ella organiza”, argumentaron.
“Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”, aseguró la Corte. “A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella y, en consecuencia, en habilitar la tramitación de actuaciones distanciadas también de la existencia de una ‘causa’ que, conforme con la Constitución Nacional, habilite la intervención de los tribunales federales”, sostuvo el fallo.
“En consecuencia, el presente pronunciamiento no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 —en cuanto deroga la denominada ‘Ley de Tierras Rurales’— ni implica interferencia alguna sobre la intervención del Poder Legislativo contemplada en el artículo 99 inciso 3° de la Constitución Nacional respecto de la mencionada norma”, señalan los magistrados.
Además, el tribunal opinó que la soberanía territorial es “uno de los elementos constitutivos del Estado” y que, por esa razón, no puede ser considerada un bien colectivo en el sentido del artículo 43 de la Constitución Nacional ni de la jurisprudencia que regula la acción colectiva.
