El Poder Ejecutivo enviará al Congreso una iniciativa para sancionar a empresas que operen o presten servicios en las islas sin autorización de Argentina. La medida convivirá con una estrategia diplomática que busca evitar una escalada con Londres.
La administración de Javier Milei prepara un nuevo paso en su estrategia por las Islas Malvinas con un proyecto de ley que buscará sancionar a empresas que desarrollen actividades en el archipiélago sin autorización de la Argentina. La iniciativa será anunciada por el Presidente de la Nación, mediante una cadena nacional que brindará en las próximas horas, con el fin de referirse al reclamo de soberanía.
El proyecto apuntará especialmente a las empresas argentinas que presten servicios, asistencia o apoyo logístico a compañías extranjeras que desarrollen actividades económicas en las islas. La medida aparece vinculada al avance de proyectos de explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur, entre ellos Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.
La decisión del Ejecutivo se conoce en un momento particular para la política exterior argentina. Mientras prepara una herramienta para aumentar la presión sobre quienes participen de actividades económicas en el área en disputa, la Casa Rosada busca mantener abierto un canal diplomático que permita, a largo plazo, sentar al Reino Unido a discutir la cuestión de soberanía.
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