La diputada Blanca Osuna se refirió a la Ley de Financiamiento Universitario, y resaltó que el Gobierno no ejecuta las partidas establecidas en la Ley 27.795, pero “les condona una deuda a las empresas Edenor y Edesur por 1.842 millones de dólares”.
Pasaron más de cincuenta días desde que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno nacional a girar la actualización presupuestaria establecida en la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, el Poder Ejecutivo aún no aplicó el marco normativo vigente y la oposición quiere la interpelación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la Cámara de Diputados de la Nación.
El proyecto de resolución fue encabezado por la diputada nacional de Unión por la Patria, Blanca Osuna, quien, invocando a la Constitución Nacional, exige conocer los motivos por los cuales no se ha ejecutado la totalidad de las partidas presupuestarias correspondientes previstas en la Ley 27.795. Además, solicita el cronograma de recomposición salarial y la situación presupuestaria de los hospitales universitarios.
Osuna denunció “una condonación de deuda a las empresas Edenor y Edesur por 1.842 millones de dólares” antepuesta por encima de la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. “El presupuesto universitario nacional cayó del 0,72% del PBI en 2023 al 0,47% en 2026, su nivel más bajo desde 2004”, señaló la diputada opositora.
Pero además, Blanca Osuna encabezó, junto a Juan Carlos Molina, una nota en donde le exige a Alejandro Finocchiaro, en su rol de titular de la Comisión de Educación, que convoque en carácter de urgencia a una reunión informativa de la misma. En el escrito, le recuerdan al legislador del Pro haberse jactado de tener información exclusiva del Ministerio de Capital Humano, donde aseguró que los giros presupuestarios “iban a estar para el 15 de julio”.
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